En Venezuela se comenzaron a registrar los accidentes de trabajo a partir del año 1944, a través del Seguro Social Obligatorio, el cual inició sus actividades en marzo de ese mismo año luego de haberse dictado el Reglamento General de la Ley del Seguro Social.
Gráfico. 1
Accidentes de trabajo y trabajadores asegurados, período 1944-2003
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Fuente: IVSS. Dirección de Medicina del Trabajo (recopilado por
Castillo R., Jorge en: Propuesta de un Sistema de Clasificación, Notificación
y Registro de Accidentes de Trabajo para el Inpsasel, IAESP, Maracay, 2005 |
El gráfico da cuenta del comportamiento de los accidentes desde que se inició su registro hasta el año 2004, última cifra presentada por el IVSS, con un paréntesis de 5 años en la última década de los noventa.
En los primeros años se percibe el incremento en la declaración de accidentes hasta una cifra histórica máxima de 29.242 en el año 1959, con un período posterior de relativa estabilización con máximos de 25.932 y mínimos de 13.479 accidentes registrados en la década de los 80.
Por otra parte se observa el continuo y sostenido crecimiento del número de trabajadores afiliados al Seguro Social, que se inicia con 52.318 asegurados hasta un total de 2.705.437 en el 2002. Es importante destacar que históricamente el Seguro Social ha afiliado solamente el 30% de la población trabajadora.
La sola comparación de las cifras de accidentes y población asegurada hace pensar que no existe correspondencia entre la cantidad de trabajadores que se afilian al IVSS y el número de accidentes que van ocurriendo porque la simple lógica indica que a mayor número de trabajadores existe mayor exposición a los riesgos del trabajo. De acuerdo con lo anterior se estaba produciendo un sub-registro de la cifra real de accidentes en el país, por cuanto algunos centros de estudios, como el Centro de Estudios en Salud de los Trabajadores, estimaron 150.000 accidentes por año, utilizando entre otros criterios para ello, los accidentes declarados al IVSS y su proyección hacia la población no cubierta.
A pesar de las deficiencias se había creado una cultura de notificación de los accidentes, sobre todo en las medianas y grandes empresas, estimulada a través del pago de las indemnizaciones diarias por accidente de trabajo, las cuales requerían la declaración del accidente.
La década de los 90 significó para Venezuela un período de entrega a los designios del Fondo Monetario Internacional que tuvo sus repercusiones directas en el ámbito del trabajo y especialmente en el desmontaje de la precaria institucionalidad destinada a la protección de los riesgos del trabajo.
En esta década el sub-registro llega a su máxima expresión con las políticas neoliberales del Gran Viraje y la Agenda Venezuela cuyo propósito en el ámbito del trabajo era desregularizar las relaciones de trabajo, flexibilizar las políticas de control mediante el debilitamiento de los órganos de inspección del trabajo, la privatización a través de las Administradoras de Riesgos Laborales y en fin la precarización del trabajo con la consecuente pérdida de la estabilidad laboral de los trabajadores venezolanos, el aumento de la economía informal, con el consecuente temor de denunciar los accidentes por el riesgo de la pérdida del empleo.
A tal punto llegó el debilitamiento institucional que en los años previos al intento de privatizar la seguridad social pública, entre 1996 y 1998, que finalmente pudo ser abortado, no se procesaron estadísticas de accidentalidad en la Dirección de Medicina del Trabajo, situación que se prolongó hasta el año 2000.
En líneas generales el gráfico N°. 1, deja evidencia del crecimiento de la población asegurada y la disminución del número de accidentes, especialmente en los años que van desde 1995 al 2004.
El sólo análisis del primer y último año en el gráfico refleja el problema de la notificación y el registro de los accidentes de trabajo en Venezuela. No es posible que en el año 2002 se hayan registrado 9.492 accidentes de trabajo en comparación con los años 1944-45, donde se registraron 9.760, cuando la población asegurada fue de 52.000 trabajadores y para el año 2002 de 2.705.000 trabajadores, si no hay una condición determinante para su disminución. El análisis comparativo de estas cifras deja al descubierto la pérdida del control del Estado sobre las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo.
