La voluntad del Estado, expresada en el artículo 87 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; del Gobierno Nacional, al declarar como prioridad la salud de los trabajadores; y del Inpsasel, por medio de su accionar institucional, ha tenido como uno de sus impactos sobre la sociedad venezolana, comenzar a develar el problema de los accidentes de trabajo en su verdadera dimensión: un problema de salud pública.
La reducción del sub-registro permite enfocar las políticas del instituto hacia las necesidades reales y sentidas de los trabajadores y trabajadoras en este país. Sin embargo a pesar de haber dado un paso importante, se impone el reto de profundizar la tarea de conocer la realidad de la salud de los trabajadores, especialmente en los sectores tradicionalmente excluidos, como lo son la pequeña y mediana empresa, la economía informal, los adolescentes trabajadores, el trabajo de la mujer, grupos que quedan invisibilizados por ahora, dada la deuda social que nos desborda.
El análisis epidemiológico de la data de accidentalidad registrada por el Inpsasel ha permitido al instituto retroalimentar y reconducir la política pública en materia de seguridad y salud en el trabajo, a partir de datos reportados de la realidad y reorientar sus programas de acción a través de los proyectos estratégicos de intervención, destacando los proyectos en el sector manufactura, construcción y minas, donde resalta la atención al sector de producción petrolera por su carácter estratégico y su alto riesgo. Sectores que han quedado evidenciado como de alto riesgo en el análisis de accidentalidad presentado de los años 2005-2006. Además de lo anterior el conocimiento del problema nos permitirá construir y desarrollar la cultura de prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales que tanto requiere el país.
En cuanto a los agentes materiales destacan las maquinarias, los medios de transporte y otros aparatos. No obstante queremos impulsar un sistema de vigilancia epidemiológica sobre factores de riesgo laborales que nos permita caracterizar con mayor precisión dichos factores de daño para su control.
Por otra parte, el reto de seguir sincerando las cifras de accidentalidad continua siendo una tarea central para el Inpsasel dada la necesidad de dar respuesta a la importante deuda social en atención a trabajadores accidentados y enfermos con relación al trabajo, acumulada durante la década de la agenda Venezuela donde se desmontó la pequeña infraestructura que había en seguridad y salud en el trabajo.
Sin embargo, quedan pendientes algunos sectores de la economía como el informal, agrícola, cooperativo, las pequeñas y medianas empresas, a los cuales todavía no ha llegado en toda su dimensión la acción del Inpsasel.
Para atender estos sectores, el instituto como órgano gestor de la política pública de salud y seguridad laboral se plantea, a corto y mediano plazo como ya lo señalamos, seguir impulsando la organización, capacitación y participación protagónica de los trabajadores y trabajadoras, así como la articulación con el poder popular y otras instituciones gubernamentales y no gubernamentales, para el desarrollo de la cultura de prevención de riesgos y procesos peligrosos, como uno de los elementos claves para el logro de espacio de trabajo dignos y saludables para los trabajadores y las trabajadoras, que en definitiva disminuirá los accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales como el gran flagelo que estamos empezando a develar y a enfrentar.
